Las muertas de Juárez
México es juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
GUIÓN DEL VIDEO
Sábado 16 de mayo de 2009/ Alejandra Peña/ Visión Siete Internacional/ Esmeralda Herrera tenía 14 años y era trabajadora doméstica. Salió rumbo a su trabajo el 29 de octubre de 2001 y nunca regresó.
Claudia González, de 20 años, operaria de una maquiladora, desapareció el 10 de octubre de 2001, después de que en la fábrica no la dejaran entrar por llegar dos minutos tarde.
El 21 de septiembre de 2001, se perdió todo rastro de Laura Ramos, de 17 años, estudiante secundaria y moza en un restaurant.
Meses después, en un antiguo campo algodonero cercano a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, se encontraron ocho cadáveres.
Además de los cuerpos de Esmeralda, Claudia y Laura, estaban los de otras cinco chicas, varias de ellas menores de edad. Todas habían sido torturadas y abusadas sexualmente. Pese a la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense una de las muchachas nunca pudo ser identificada.
Dos semanas después, la policía exhibió a dos presuntos responsables confesos de los crímenes pero los familiares nunca confiaron en la veracidad de esas admisions, ya que no fueron sometidos a juicio. Uno de los supuestos autores murió en la cárcel, y el otro denunció haber sido torturado.
A ocho años de ocurridas, las muertes de las tres chicas continúan impunes.
En 2005, el caso de estas tres jóvenes fue presentado por sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, desde esa instancia se elevo una presentación contra el Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El máximo organismo judicial del continente denominó a la causa “Campo Algodonero”, y celebró en abril de 2009 varias audiencias públicas en Santiago de Chile, en las que el Estado Mexicano fue juzgado por su “falta de prevención y negligencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó al alto tribunal que se condene a México por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida, a las garantías y la protección judiciales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados.
Además exigió que se avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño a las familias de las tres víctimas. Estos tres casos investigados por la Corte ocurridos en Ciudad Juárez, son similares a los de al menos otros 450 asesinatos y un millar de desapariciones ocurridos en ese centro urbano mexicano.
Son las “Muertas de Juárez”, ciudad donde, desde 1993, se produce un feminicidio, neologismo que designa un cúmulo de muertes violentas de mujeres. Un fenómeno que, dentro de Latinoamérica, México comparte con Guatemala.
De manera sistemática, en el contexto de una sociedad machista, las autoridades mexicanas desestimaron estos crímenes. El patrón de violencia que los une se da en una ciudad cuasi tomada por el crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, maras y asesinos seriales.
Todo puede ocurrir en Ciudad Juárez. Las víctimas: mujeres comunes, trabajadoras, estudiantes, amas de casa. Pocos responsables fueron juzgados. Y los familiares que realizaron las denuncias, maltratados e incluso, amenazados.
El mundo no hizo oídos sordos a las Muertas de Juárez. A partir de un movimiento de protesta dentro y fuera de México, los gobiernos federal y estatal se vieron obligados a tomar algunas medidas de prevención e investigación que, hasta ahora, resultaron insuficientes.
Es más, los cuerpos vejados, torturados, mutilados de mujeres ya traspasan los límites de la localidad fronteriza con los Estados Unidos. Hoy el Estado de México, dentro del que se se encuentra el Distrito Federal, supera en cantidad de asesinatos por razón de género al de Chihuahua.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos está prevista para octubre o noviembre próximos. Si México es declarado culpable, el caso será emblemático, y obligará al Estado azteca a investigar con efectividad los hechos, y encontrar y sancionar a los culpables. Pero también a un cambio de legislación y a un resarcimiento a los familiares.
De ser así, Claudia, Esmeralda y Laura, junto a sus familiares, se convertirán en un símbolo mundial de la lucha contra la impunidad y el derecho a la vida. © Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina
