Derechos humanos en Colombia
Programa especial, con enviados a La Macarena
Miércoles 18 de agosto de 2010/ Visión Siete Internacional/ Por considerarlo anticonstitucional, la Corte colombiana se expidió ayer en contra del proyecto de las bases militares estadounidenses en el país latinoamericano, remitiéndolo a Poder Ejecutivo con la exigencia de que sea aprobado por el Parlamento.
La entrevista con el sacerdote jesuita Jesús Giraldo, en Colombia, también abarca la cuestión de las bases.
Por otra parte, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático Alternativo, en Buenos Aires para participar del Foro Social de San Pablo, analiza el tema, habiendo sido quien lo presentó ante la Cámara Alta. “Vimos un problema de soberanía nacional” y una iniciativa “altamente inconstitucional” que se volvía “un proceso de tensión frente a la región. Para nadie es un secreto que en los libros del Pentágono lo trabajan como un elemento estratégico”.
Respecto a los crímenes y tumbas de “falsos positivos”, informa la existencia de “más de veinte cementerios” de ese tipo, y se le pregunta cuán lejos está Colombia de generar una comisión de la verdad para su esclarecimiento y justicia. “Trabajamos para que se les dé credibilidad a las víctimas. En nuestro país se habla de proceso democrático, pero en la práctica han violentado permanentemente los derechos humanos al calor de la teoría de seguridad nacional y del conflicto interno, que hoy han transformado en una amenaza terrorista con un pretexto de combatir al narcotráfico”.
Remarca la violación permanente “donde están las comunidades y sitios estigmatizados como guerrilleros”; allí “no se aplica el principio del derecho internacional humanitario, ni la distinción entre combatientes y no combatientes, lo cual ha generado que los pobladores paguen el efecto de la satanización”.
Diversas investigaciones dan cuenta de la relación entre la ayuda económica financiera de los Estados Unidos a determinadas regiones, que aparecen luego como las más afectadas por las ejecuciones extrajudiciales.
Según la senadora, La Macarena es “símbolo de una etapa del conflicto interno con mucha intensidad” en un lugar que, desde 2003, “ha gozado de la financiación del sistema de cooperación internacional, siendo el mayor aportante el gobierno de los Estados Unidos para el Plan de Consolidación Especial, vinculado a la recuperación total del territorio, con un componente militar y otro, supuestamente, social, de desarrollo de infraestructura. Pero hemos visto que durante todo este proceso la plata invertida realmente no está beneficiando a los campesinos”. A ello se le suma el problema del desplazamiento, que aumentó en la zona durante el mismo período. “¿A quién entonces beneficiarán esas obras? La respuesta que me doy, después de haber estado in situ conociendo la situación, es que benefician a las diecisiete multinacionales detrás de la riqueza minera de La Macarena”.
La práctica del ex presidente Álvaro Uribe, agrega la senadora Ramírez, era la de “señalar a todos aquellos que de una u otra manera no compartimos su política de seguridad democrática”. Consultada acerca del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, acota: “Habrá un cambio de estilo. Por ejemplo en las relaciones con Venezuela, era imposible que Colombia siguiera con esa confrontación. También el reestablecimiento de relaciones con Ecuador. Pero es necesario que todos entiendan que la violación de los derechos humanos ha sido una práctica extendida del ejército colombiano. Unasur ha sido muy efectiva y puede jugar un papel muy importante”. © Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina
Miércoles 18 de agosto de 2010/ Visión Siete Internacional/ El equipo de enviados especiales a Colombia consiguió un testimonio estremecedor. Gloria M., madre de una de las víctimas de la extendida práctica de los “falsos positivos”.
Su historia es la de miles de colombianos. Una mujer de trabajo, dedicada a educar a sus hijos, fue atacada y herida por paramilitares. Sufrió dos desplazamientos forzados y finalmente, en 2007, el ejército asesinó a su hijo Aurelio, de 20 años. Hoy, Gloria vive en Bogotá con sus hijas y un miedo constante. © Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina
GUIÓN DEL VIDEO
Miércoles 18 de agosto de 2010/ Redacción: Francisco Ali-Brouchoud, desde La Macarena/ Edición: / Visión Siete Internacional/ Colombia es un país habituado a la guerra permanente. Un conflicto armado interno originado a mediados de los años 60 como reacción a la opresión a campesinos y la apropiación de las riquezas del país por parte de terratenientes y sectores empresarios, con la complicidad de los partidos tradicionales. Un conflicto que recrudece periódicamente y atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos, sin que aparezca una salida a una violencia que se volvió sistémica.
Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno, a través de sus fuerzas armadas, los grupos paramilitares alentados por el poder político y el crimen organizado son los principales actores de una guerra de décadas por el control del territorio, con algunos intentos de diálogo que no lograron encauzar el conflicto.
Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe, en agosto de 2002, el estado colombiano asumió una visión exclusivamente militarista de este conflicto. Amparado por el Plan Colombia, mediante el que Estados Unidos canalizó a este país cerca de 8 mil millones de dólares en los últimos 10 años, en su mayoría dedicados a equipar al ejército colombiano, Uribe puso en marcha su política de seguridad democrática. La seguridad democrática, que muchos consideran sólo un nuevo packaging para la doctrina de la seguridad nacional de los años 70, que en América latina sirvió para justificar la tortura y asesinato masivo de opositores políticos, terminó de militarizar a la sociedad colombiana, y legitimó las acciones ilegales de sus fuerzas armadas.
